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La empresa correntina Naviera Samuel Gutnisky reactivó en Paraguay un reclamo judicial por el destino de barcazas construidas en el Astillero Corrientes. Las barcazas habrían sido cortadas y los materiales usados para la construcción de un buque remolcador. Los reclamos datan de 2010.


El caso refiere al destino de barcazas construidas en Corrientes y que no fueron pagadas por la empresa compradora, y que luego habrían sido cortadas parcialmente en la calera El Norteño, de San Antonio. Con esos restos, se habría construido un buque remolcador, señala el diario ABC de Paraguay.

En los primeros meses del 2010 la empresa Astilleros Corrientes/ Naviera Samuel Gutnisky, acordó la construcción de barcazas para la empresa Naveradi, de dos empresarios de apellido Ramírez Dietrich.

Sin embargo, la historia pronto terminó en los estrados judiciales y con graves acusaciones mutuas de estafas y robos. El 23 de abril de 2010 Gutnisky firma contrato de arrendamiento con opción a compra de seis barcazas a Naveradi. Luego se entregaron tres más, según la empresa argentina. El alquiler era por cinco años con pago mensual de 40.000 dólares.

Según Gutnisky, Naveradi solo pagó dos meses de arriendo e hizo desaparecer las embarcaciones. Estas, tiempo después, aparecen con la denominación de Conapar. Un año y cinco meses después –el 15 de noviembre de 2011– la naviera argentina reclama la devolución de las barcazas por telegrama a los hermanos Ramírez Dietrich.

Los empresarios Ramírez Dittrich alegan que ya devolvieron las nueve barcazas a Soparna, una firma subsidiaria de Gutnisky en Paraguay y presentó a la justicia copias autenticadas de las actas de entrega. Los representantes legales de la naviera argentina en su momento señalaron que los Ramírez Dittrich nunca presentaron documentos originales, según ABC.

El 31 de diciembre último, después de unas llamativas actuaciones de los fiscales María de Fátima Britos Ricciardi, Guillermo Zillich Silva y Edgar Sánchez Caballero, el juez Miguel Tadeo Fernández desestimó la denuncia de Gutnisky.

La representación legal de la naviera Samuel Gutnisky, ejercida ahora por el estudio jurídico del senador paraguayo del Partido Colorado Enrique Bacchetta, pedirá la reapertura de la causa, actualmente desestimada y archivada, según fuentes judiciales.

La apelación del desistimiento de la denuncia sobre las barcazas sería presentada al término de la feria judicial, indicaron días atrás en el estudio jurídico de Bacchetta. La justicia aún no notificó a Gutnisky la desestimación.

La mayoría de las barcazas reclamadas por Gutnisky habrían sido retocadas, para simular su construcción en el país, en el predio de la calera El Norteño, de San Antonio, según una fuente de la misma calera y versiones de personas que dicen haber visto el trabajo en el lugar.

Incluso se denuncia falsificación de documentos, por la inscripción de las barcazas correntinas como construidas en Paraguay.

En la causa se indica además que la firma “El Norteño” no estaba en condiciones de construir las barcazas, por falta de infraestructura y tecnología, de lo cual se desprendería que se tratan de las barcazas reclamadas por la empresa argentina.

Tampoco se presentaron documentaciones sobre los insumos para construir el buque remolcador sobre el que se denuncia fue armado con los restos de las barcazas reclamadas por Astilleros Corrientes.

De acuerdo a Certificados de valuación de las barcazas Conapar 2010-02, 2010-03, 2010-04 y 2010-06, obrantes en el expediente judicial, firmados el 13 de mayo del 2010 por el Cap. Corbeta Medina Santacruz, en su calidad de jefe adjunto del departamento técnico de la Prefectura General Naval, fija en 168.955 dólares el “valor de tasación” de cada buque, excepto Conapar 2010-06 que deja en 145.652 de la moneda estadounidense.

Sin embargo, para el enero del 2013 (dos años y ocho meses después) las mismas barcazas, que serían las reclamadas por Astilleros Corrientes, ya estaban siendo ofrecidas en venta por 600 y 700.000 dólares.

Según la opinión de constructores, armadores y peritos navales consultados, la valoración de las embarcaciones realizada en el 2010 es baja porque en ese tiempo las mismas no iban a costar menos de 300.000 dólares. Actualmente, costarían alrededor de 500.000 dólares cada una, según dijo un representante de Gutnisky al diario ABC de Paraguay.


Fuente: http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=135057
La Prefectura argentina limitaría la cantidad de barcazas que pueden utilizar los exportadores que transportan su carga hasta el puerto de Nueva Palmira.


La Prefectura argentina habría firmado una declaración para limitar la cantidad de barcazas que navegan por la hidrovía del Río Paraná hasta la ciudad de Rosario.

Así lo anticipó al diario El País el presidente del Centro de Navegantes, Mario Baubeta, quien indicó que en los próximos días la medida se publicaría en el Boletín Oficial.

Según Baubeta, la normativa incrementaría los costos para los exportadores paraguayosque operan en el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay.

"Los convoyes que bajan por la hidrovía hasta Rosario pueden venir en una sola unidad con hasta 30 barcazas pero a partir de allí por razones de seguridad de la navegación en el Paraná, pueden continuar de a 16 barcazas. Ahora se está poniendo una nueva disposición que hasta Nueva Palmira se reduce a ocho barcazas con lo que los exportadores van a tener que dividir el convoy y van a tener que hacer aduanas, usar remolcadores argentinos, y hacer otros gastos portuarios que afectarán a Nueva Palmira", dijo Baubeta al matutino.

La medida, según describió "obliga a los paraguayos a dejar la carga en puertos argentinos", provocando un aumento de costos.

Asimismo, la atención de los navieros está puesta en que la cámara de exportadores argentinos se reúne este jueves con el subsecretario de Transporte Marítimo de Argentina, Horacio Tettamanti, quien firmó la resolución que no permite los transbordos en puertos uruguayos.

Por otra parte, el presidente uruguayo, José Mujica, se reunirá con su par brasileña, Dilma Rousseff esta semana. El ministro de Industria uruguayo, Roberto Kreimerman, afirmó al respecto que se debe analizar la posibilidad de plantear en los tribunales del Mercosur las dificultades que enfrentan varios sectores para vender sus productos en Argentina.